Con el Decreto Legislativo 1020, el gobierno actual pretender dar un paso decisivo en la eliminación del minifundio, visto como la razón principal de la atomización y no competitividad de la agricultura. Para el efecto ha creado dos conceptos: las Unidades Productivas Sostenibles (UPS) y las Entidades Asociativas Agrarias (EAA). Las primeras son terrenos productivos no menores de 20 hectáreas y las segundas son organizaciones que pueden ser de dos tipos: las conformadas por productores que realizan actividad agraria o pecuaria en 20 o más hectáreas, o la unión de 10 o más productores cual fuere la extensión de las tierras.
Para llegar a las UPS de 20 o más hectáreas se ha creado un fideicomiso con dinero de los gobiernos regionales (cada uno aportará 10 millones de nuevos soles) que financiarán a los pequeños productores agrarios las compras de tierras, la infraestructura o equipamiento para integrar propiedades o la asistencia técnica para conformarlas. Este Fondo de Apoyo a la Consolidación de la Propiedad Rural será administrado por Agrobanco.
Para las EAA y los pequeños productores agrarios se ha creado un segundo fideicomiso, el Apoyo al Crédito Agrario Regional, también con el aporte de los 25 gobiernos regionales cada uno con 5 millones de nuevos soles. Las EAA no son personas jurídicas, se crean en base a un contrato entre todos los que la conforman que se registra en el Ministerio de Agricultura. En dicho contrato debe señalarse los bienes que se afectan a favor de la EAA, las obligaciones de las partes y el representante legal. Sólo gozan de capacidad jurídica para celebrar contratos de financiamiento o de garantía de dichos financiamientos bajo cualquier modalidad, con cualquier empresa del sistema financiero nacional. Para todo lo demás los miembros actúan individualmente y asumen obligaciones a título particular.
El primer problema de este decreto es que no fue ni siquiera consultado con los gobiernos regionales y aunque es muy fácil disponer del dinero de otros, falta ver la disposición de aquéllos para abonar cada uno un total de 15 millones de soles.
En segundo lugar, tampoco se consultó a las comunidades campesinas y nativas, en las que su sistema de decisiones obliga a todos sus integrantes, por lo que una negativa a conformar las EAA puede terminar haciendo inaplicable la norma. Está claro que la asociatividad es necesaria, pero debe basarse en la realidad del campo y la aceptación de los productores. No dialogar genera innecesariamente esos problemas.
Finalmente, es de esperar que para la elaboración del Reglamento de la norma sean convocadas las entidades representativas de la actividad agropecuaria. Ojalá.
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