Ante la información emitida por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), el 11 de febrero, sobre los resultados del Plan Anual de Fiscalización 2009, la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (COEECI) considera necesario pronunciarse y hacer algunas precisiones.
Como Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (ENIEX) que integramos la COEECI y como consta en nuestro código de ética, buscamos y reconocemos la transparencia en el uso de los recursos de la cooperación como un objetivo clave que compartimos con el Estado Peruano. Esto forma parte de nuestros procedimientos regulares de control, supervisión y fiscalización del trabajo que realizan nuestras organizaciones y sus contrapartes. Las ENIEX presentamos informes de nuestro accionar anualmente no solo a la APCI, sino a nuestras sedes institucionales internacionales y a diversos socios, lo que garantiza que haya una mayor transparencia.
Expresamos nuestro malestar por las declaraciones del Director de la APCI, recogidas por diversos medios de comunicación durante la semana pasada. La publicación de una lista de presuntos infractores, antes de concluir el proceso de fiscalización y sin considerar los descargos correspondientes, viola el debido proceso administrativo. El uso de expresiones como “información falsa”, “uso ilícito de facilidades” o “uso indebido de recursos” sin que se hayan establecido fehacientemente tales hechos, es agraviante para las personas e instituciones aludidas y puede causar serios perjuicios para su actividad. En dicha lista se alude a 2 de nuestros miembros que durante el proceso de fiscalización -que aún no ha concluido-, han sido felicitados, e incluso una de ellas fue invitada a presentar su experiencia en un evento organizado por la APCI. Con este proceder, APCI vicia su propia labor de fiscalización, y se desinforma y confunde a la opinión pública. Exigimos a la APCI que dé la misma publicidad a los resultados finales cuando el proceso administrativo esté completo, para resarcir la imagen de las entidades que resultaron ser agraviadas injustamente, y, asimismo, que se den a conocer a todas las entidades que sí pasaron exitosamente el proceso. Creemos necesario este paso para que se refuerce el clima de confianza y cooperación que debería existir entre el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil que contribuyen desde hace varias décadas al desarrollo y la gobernabilidad del país.
Como Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (ENIEX) que integramos la COEECI y como consta en nuestro código de ética, buscamos y reconocemos la transparencia en el uso de los recursos de la cooperación como un objetivo clave que compartimos con el Estado Peruano. Esto forma parte de nuestros procedimientos regulares de control, supervisión y fiscalización del trabajo que realizan nuestras organizaciones y sus contrapartes. Las ENIEX presentamos informes de nuestro accionar anualmente no solo a la APCI, sino a nuestras sedes institucionales internacionales y a diversos socios, lo que garantiza que haya una mayor transparencia.
Expresamos nuestro malestar por las declaraciones del Director de la APCI, recogidas por diversos medios de comunicación durante la semana pasada. La publicación de una lista de presuntos infractores, antes de concluir el proceso de fiscalización y sin considerar los descargos correspondientes, viola el debido proceso administrativo. El uso de expresiones como “información falsa”, “uso ilícito de facilidades” o “uso indebido de recursos” sin que se hayan establecido fehacientemente tales hechos, es agraviante para las personas e instituciones aludidas y puede causar serios perjuicios para su actividad. En dicha lista se alude a 2 de nuestros miembros que durante el proceso de fiscalización -que aún no ha concluido-, han sido felicitados, e incluso una de ellas fue invitada a presentar su experiencia en un evento organizado por la APCI. Con este proceder, APCI vicia su propia labor de fiscalización, y se desinforma y confunde a la opinión pública. Exigimos a la APCI que dé la misma publicidad a los resultados finales cuando el proceso administrativo esté completo, para resarcir la imagen de las entidades que resultaron ser agraviadas injustamente, y, asimismo, que se den a conocer a todas las entidades que sí pasaron exitosamente el proceso. Creemos necesario este paso para que se refuerce el clima de confianza y cooperación que debería existir entre el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil que contribuyen desde hace varias décadas al desarrollo y la gobernabilidad del país.
