EN EL DÍA DEL CAMPESINO

La Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Instituciones Agrarias-Coordinadora Rural- saluda en este Día a los hombres y mujeres del campo. Y al hacerlo, expresa su preocupación por las recientes medidas que se vienen dictando desde el Ejecutivo que amenazan la propiedad de las Comunidades Campesinas y que hacen inviable la producción nacional agropecuaria al disminuir los aranceles en favor de la producción agraria extranjera, hechos que no contribuyen a la construcción de un clima de paz social. Creemos que un Gobierno tiene la obligación de atender la demanda de todos sus ciudadanos, inclusive las de los campesinos, pequeños agricultores e indígenas. El país no puede ser gobernado en favor de un sector social, sino del conjunto de la sociedad, buscando la “Cohesión Social” concepto al cual se ha adherido este gobierno con ocasión de la V Cumbre América Latina y el Caribe – Unión Europea. Por ello, hacemos un llamado a aquellos que deciden las políticas públicas del sector, para que reorienten su accionar en la búsqueda de consensos que beneficien a todos los peruanos por igual; así también, convocamos a la unión de todos los campesinos y agricultores, así como también a los técnicos, intelectuales y empresarios de conciencia nacional para señalar lo excluyente que pueden ser algunas políticas si estas no son consultadas con los campesinos y pequeños agricultores. Consideramos que este es el momento de revaloración de nuestra producción agraria, para sentar las bases de una nueva política promocional en favor de la pequeña agricultura y/o campesina.
El Consejo Directivo.

Decreto Legislativo 1020: ¿Se resolverá al minifundio?

Con el Decreto Legislativo 1020, el gobierno actual pretender dar un paso decisivo en la eliminación del minifundio, visto como la razón principal de la atomización y no competitividad de la agricultura. Para el efecto ha creado dos conceptos: las Unidades Productivas Sostenibles (UPS) y las Entidades Asociativas Agrarias (EAA). Las primeras son terrenos productivos no menores de 20 hectáreas y las segundas son organizaciones que pueden ser de dos tipos: las conformadas por productores que realizan actividad agraria o pecuaria en 20 o más hectáreas, o la unión de 10 o más productores cual fuere la extensión de las tierras.
Para llegar a las UPS de 20 o más hectáreas se ha creado un fideicomiso con dinero de los gobiernos regionales (cada uno aportará 10 millones de nuevos soles) que financiarán a los pequeños productores agrarios las compras de tierras, la infraestructura o equipamiento para integrar propiedades o la asistencia técnica para conformarlas. Este Fondo de Apoyo a la Consolidación de la Propiedad Rural será administrado por Agrobanco.
Para las EAA y los pequeños productores agrarios se ha creado un segundo fideicomiso, el Apoyo al Crédito Agrario Regional, también con el aporte de los 25 gobiernos regionales cada uno con 5 millones de nuevos soles. Las EAA no son personas jurídicas, se crean en base a un contrato entre todos los que la conforman que se registra en el Ministerio de Agricultura. En dicho contrato debe señalarse los bienes que se afectan a favor de la EAA, las obligaciones de las partes y el representante legal. Sólo gozan de capacidad jurídica para celebrar contratos de financiamiento o de garantía de dichos financiamientos bajo cualquier modalidad, con cualquier empresa del sistema financiero nacional. Para todo lo demás los miembros actúan individualmente y asumen obligaciones a título particular.
El primer problema de este decreto es que no fue ni siquiera consultado con los gobiernos regionales y aunque es muy fácil disponer del dinero de otros, falta ver la disposición de aquéllos para abonar cada uno un total de 15 millones de soles.
En segundo lugar, tampoco se consultó a las comunidades campesinas y nativas, en las que su sistema de decisiones obliga a todos sus integrantes, por lo que una negativa a conformar las EAA puede terminar haciendo inaplicable la norma. Está claro que la asociatividad es necesaria, pero debe basarse en la realidad del campo y la aceptación de los productores. No dialogar genera innecesariamente esos problemas.
Finalmente, es de esperar que para la elaboración del Reglamento de la norma sean convocadas las entidades representativas de la actividad agropecuaria. Ojalá.

Descargue el artículo completo: http://www.scribd.com/doc/3597334/Decreto-Legislativo-1020

CNA demanda visita de representante de la OEA para que verifique las políticas en contra de los derechos de las comunidades.

Con un plantón frente a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el Perú, la Confederación Nacional Agraria (CNA), acompañada de otras organizaciones campesinas, demandaron la visita a nuestro país del Relator de dicho organismo internacional para Pueblos Indígenas, a fin de que verifique las políticas que viene aplicando el gobierno y que vulneran, señalan, los derechos de las comunidades.

Tras reunirse por más de una hora con la embajadora de la OEA, Bertha Santoscoy, los dirigentes campesinos informaron que la funcionaria se comprometió a poner atención a su pedido siempre y cuando se hayan agotado todas las instancias a nivel nacional.

"Exigimos la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 994 que vulneran los derechos de consulta a las comunidades campesinas y nativas del país. Solicitamos que la OEA convoque al gobierno peruano para que responda por la violación de los tratados internacionales que protegen nuestros derechos como campesinos", indicó Antolín Huáscar, presidente de la CNA.

Miguel Palacín, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), informó que, luego de que el Ejecutivo culmine con la dación de normas en el marco de las facultades delegadas por el Legislativo, las comunidades campesinas demandarán al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la ilegalidad de los DL 1015 y 994. "Haremos respetar a nivel internacional nuestros derechos como campesinos", advirtió.

Fuente: El Comercio

CNA advierte sobre daños causados por plaguicidas químicos

Agricultores esperan que norma sea modificada e incentive uso de productos orgánicos ante nivel nocivo de los productos químicos.

Entre los decretos legislativos que esta semana tendrían luz verde dentro del Consejo de Ministros se encuentra la Ley de Sanidad Agraria. Es seguro que su nombre no le dice nada, sin embargo, las modificaciones que se hacen desde el Poder Ejecutivo estarían atentando contra el medio ambiente y la salud de la población local y campesina.

Y según algunas voces partiría de lobbies para favorecer a grandes transnacionales productoras de plaguicidas químicos para uso agrícola.

Imelda Montoro, coordinadora de Incidencia Política de la Red de Acción de Agricultura Alternativa (RAAA), sostiene que esta norma pretende cambiar varios aspectos, entre ellos establecer un plazo de 60 días para la evaluación de estas sustancias y de no emitir el informe en ese lapso, se les abrirá un proceso administrativo, sin perjuicio del proceso judicial, a los funcionarios responsables tanto de Digesa como de Senasa.

"Dar 60 días para su revisión es poco, pues se debe tener en cuenta que los estudios toman tiempo para que haya precisión en el diagnóstico y con una amenaza para culminar el proceso, aprobarán todo lo que llegue", advirtió.

Actualmente la ley marco de sanidad agraria describe este proceso de revisión como riesgoso y aunque se han dado retrasos en esta etapa, según Montoro se debe perfeccionar pero no marcar plazos tan cortos. "Un periodo de 180 días puede ser aceptable si tenemos en cuenta que es una evaluación muy rigurosa", agregó.

Además se propone que el registro, que estará vigente por 1 o 2 años, se extenderá de manera automática, en lo que se denomina el silencio administrativo positivo.

EFECTOS EN EL SER HUMANO

"Esta medida es buena dentro de la administración pública, pero no se puede aplicar a sustancias químicas que requieren una constante evaluación", anotó la especialista.

Pero, ¿qué efectos tendría en la gente? Según Montoro, los problemas pueden ser tanto para los productos de la agroexportación como para el consumidor interno. "Al ser estas sustancias tan altamente tóxicas el problema se presenta para los productos agrícolas que se exportan, pero a su vez esa producción va al mercado local y los efectos se notarán a corto y mediano plazo".

Por ejemplo en el caso de los plaguicidas organiclorados persisten en el ambiente hasta por 30 años mientras que los plaguicidas fosforados, de más uso en el Perú, pueden causar intoxicación.

VOLVER A LO ORGÁNICO

En tanto, los hombres del campo conscientes de ello, plantean como mejor alternativa volver al abono orgánico, pues además de la contaminación que los químicos implican también se añade el alto costo por ser derivados del petróleo.

Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), sostuvo que el uso de estos productos está contribuyendo al calentamiento global por su alto contenido contaminante, pero la idea que las grandes transnacionales les han querido vender es que los agroquímicos son la salvación de la agricultura. "Sería bueno que este DL plantee alternativas de productos orgánicos como el aprovechamiento del guano de las islas", sostuvo.

Fuente: El Comercio

El Gran atentado, con el decreto legislativo Nº 1015 para las comunidades campesinas de la sierra y selva en el Perú

Nuevamente este gobierno del señor Alan García Pérez, amparado en las facultades que le dio el congreso para legislar en materia de implementar acuerdos de Promoción comercial con los EEUU (TLC), atropella y avasalla a las comunidades de la sierra y de la selva de nuestro País.
A impuesto el decreto legislativo Nº 1015 QUE UNIFICA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS DE LA SIERRA Y DE LA SELVA CON LAS DE LA COSTA PARA MEJORAR SU PRODUCCION Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA. Otro engaño y trampa más para los campesinos de las comunidades.
EN QUE CONSISTE ESTE DECRETO:
En que ANULA el articulo 11 de la Ley 26505 de las Comunidades campesinas, que dice : PARA DISPONER, GRAVAR , ARRENDAR O EJERCER CUALQUIER OTRO ACTO SOBRE LAS TIERRAS COMUNALES DE LA SIERRA O SELVA, SE REQUERIRA DEL ACUERDO DE ASAMBLEA GENERAL CON EL VOTO CONFORME DE LOS DOS TERCIOS DE TODOS LOS COMUNEROS DE LA COMUNIDAD.
COMO NOS PERJUDICA ESTE DECRETO Nº 1015
En adelante, las comunidades podrán VENDER, TRASPASAR o ARRENDAR sus tierras con el acuerdo del 50% de los comuneros que asistan a la asamblea. Ejemplo si una comunidad tiene 100 asociados y a la asamblea asisten solo 50 comuneros, basta que voten y acuerden el 50% de ellos ( o sea 25 comuneros), para que la comunidad: venda, traspase o alquile, sus tierras. ¿Estarían de acuerdo con esto ustedes?
QUIENES ESTAN DETRÁS DE ESTE DECRETO Nº 1015
Las empresas: MINERAS PETROLERAS, GANADERAS, FORESTALES AGROEXPORTADORAS que quieren adeñuarse de las mejores tierras tanto de la sierra y selva, como ya lo vienen haciendo con las comunidades de la costa.
QUE HACER:
No dejar entrar a ningún comunero fantasma, ni dejarse sorprender por ningún inversionistas o empresa que con el pretexto de mejorar, ayudar, ponga en riesgo la propiedad comunal, fortalecer su organización comunal y asistir todos a las reuniones y asambleas para que no se dejen sorprender por estos traficantes de tierras, minería y petróleo.
Las comunidades son reservas de nuestra identidad, producción de alimentos, cultura y biodiversidad.
Antolin Huascar Flores
Presidente de la CNA

Decreto Legislativo N° 1015 ANTICOMUNIDADES

Con la colaboración de Vicente Sánchez, responsable del area de desarrollo social en Coordinadora Rural.

Para ver el artículo completo
ingresar: http://www.scribd.com/doc/3353975/DECRETO-LEGISLATIVO-N-1015-ANTICOMUNIDADES

Señor Presidente, promulgue la Ley de Reestructuración de la Deuda Agraria

La Republica 11-06-08
La Ley que crea el Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria PREDA, aprobada por abrumadora mayoría en el pleno del Congreso de la República, hace justicia con más de 50 mil pequeños y medianos productores agrarios del país que, por razones principalmente climáticas, perdieron sus cosechas y no pudieron responder oportunamente con sus obligaciones, quedando atrapados por la voracidad de los intereses bancarios y la amenaza de remate judicial de sus pocas tierras.

Saludamos a la Comisión Agraria del Congreso que supo recoger y entender un clamor de los productores, para plantear una medida legal que les permitirá recuperar su condición de sujetos de crédito y seguir trabajando por el sostenimiento de sus familias y por aportar al desarrollo y crecimiento económico del país.

En ese sentido, los gremios agrarios y organizaciones integrantes de CONVEAGRO destacamos este triunfo agrario en medio de una larga batalla que nos enfrenta a poderosos lobbys mediáticos y empresariales, que consideran que sólo los más grandes tienen derecho al auxilio del Estado.

El PREDA declara la extinción de los primeros 10 mil nuevos soles de las deudas correspondientes a los créditos directos otorgados por el Estado, siempre que el monto del capital principal no exceda los 35 mil nuevos soles. El total de la deuda agraria reestructurada no supera los 300 millones de nuevos soles (107 millones de dólares).

Estas cifras no se acercan, ni por asomo, a los montos del programa de salvataje Bancario, impuesto en el gobierno fujimorista que, solo para ocho entidades (Latino, Wiesse, NBK, Orión, Banex, Daewo, Serbanco y Finsur), dispuso de los recursos de todos los peruanos, a través de Decretos de Urgencia, más de dos mil 760 millones de nuevos soles (989 millones de dólares).

LO QUE COSTARÍA EL PREDA	LO QUE COSTÓ EL SALVATAJE BANCARIO
107 millones de dólares para atender a 50 mil productores agrarios	989 millones de dólares entregados a ocho bancos privados

En este mes jubilar del campesino peruano, del trabajador y trabajadora de la tierra, los pequeños y medianos productores esperamos que el Presidente de la República, Alan García Pérez, promulgue esta norma impulsada por los propios productores y el Congreso de la República y respalde, con hechos, la prioridad constitucional que el agro espera se cumpla.

Luis Zúñiga Rosas

Presidente

Ricardo Chuquín Poma

Secretario